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LA ESTAFA FINAL A LOS FUNCIONARIOS INVESTIGADORES

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Alfonso J. Vázquez Vaamonde

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.

(Capítulo LVIII de El Quijote)

Resumen: Se analiza la deuda contraída por el Estado con el personal investigador cuyo
nivel de vida, desde 1982, ha bajado del 100 al 61,5, frente al progreso macroeconómico del país. Se propone el fin inmediato de este atropello salarial. Se analiza el derecho a la jubilación y al trabajo en condiciones de no discriminación con los demás trabajadores. Se propone el establecimiento del sistema que ya se aplica en las Universidades y se justifica su viabilidad económica.

1.- Antecedentes
El antecedente próximo lo constituye una propuesta que, con igual objetivo, ha acordado informar favorablemente la Comisión Académica en su sesión de fecha 16 de enero de 2008. Coincidiendo en el objetivo de la propuesta, la libertad de jubilación, nuestra argumentación para soportarla es diferente según exponemos a continuación

2.- Fundamentos constitucionales
La CE establece nuestros derechos y obligaciones. Es una realidad lamentable, verificable por la vía experimental, que una inmensa mayoría de los ciudadanos no se haya preocupado jamás de saber cuales son los unos y los otros. Que eso ocurra en un colectivo de trabajadores intelectuales es penoso en el genuino sentido de la pena.

Quien desconoce sus derechos y sus obligaciones es tan difícil que pueda ser un buen ciudadano como que sea un buen deportista quien desconoce las reglas del juego que practica y los límites del campo en el que juega. A tal fin se recoge en el Anexo 1 algunas referencias bibliográficas de los textos constitucionales.

Uno de los primeros conceptos que debemos diferenciar es el de qué es una petición y qué es un derecho, art. 29.1. Una petición es algo que se solicita y que, porque es un derecho pedir, se puede conceder o no. Un derecho es algo que se exige, porque está reconocido como un derecho.
Saber cuando estamos hablando de una u otra cuestión y no confundirlas es básico. En lo que sigue se verá que estamos

1.- exigiendo un derecho, que se nos devuelva el patrimonio del que hemos sido
privados en virtud de un enriquecimiento injusto del Estado,

2.- formulando una petición, que se nos devuelva de un modo determinado que
resultaría no gravoso para el Estado y razonablemente aceptables para nosotros, sus víctimas

3.- Enriquecimiento injusto del Estado: una deuda pendiente

El trabajo intelectual que hemos venido haciendo merece, cuando menos, el mismo respeto que el de cualquier otro trabajador cuyo trabajo sea más manual, por lo que no puede ser objeto de una discriminación constitucional; pero eso es lo que ocurre.
Cuando digo que, al menos merece el mismo respeto, es porque, admitiendo la igual dignidad de cualquier trabajo, es un hecho objetivo que la creación de conocimientos constituye una riqueza ex novo, que se aporta con total generosidad a la comunidad internacional rompiendo esas ridículas fronteras hijas del nacionalismo del Estado.

Es, por ello, una actividad socialmente más creadora de riqueza que la que surge de sólo aplicar los conocimientos desarrollados previamente. No digamos ya, que dedicarse la especulación gracias a las leyes vigentes que no se si habría que calificar de permisivas o de incentivadoras de este hurto social legitimado que es la especulación.

Nuestros ingresos deben ser “una remuneración suficiente para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestra familia”, art. 35.1, pero han venido siendo objeto de una apropiación indebida por nuestro patrono, el Estado. En el Anexo 2 se ve la cuantía de este enriquecimiento injusto a nuestra costa, hasta casi un 49 % menos del sueldo.

Este enriquecimiento injusto del Estado ha realizado a costa ha convertido en insuficiente el sueldo que tendría que ser “remuneración suficiente para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestra familia”. En 1982, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo, y supuesto que era un salario equitativo pues había ido subiendo de modo sensiblemente igual al del IPC se rompió la equidad.

Tomando como base 100 el salario de 1982, nuestro salario actual, referido al IPC es de sólo 67. Habría que subir ese salario actual un 49 %, 33 puntos, para recuperar el nivel de vida del año 1988. Esta reducción de la remuneración nos ha llevado a una situación de insuficiente capacidad para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestra familia

Esta apropiación indebida se ha practicado de modo discriminatorio por una “condición personal y social”, art. 14 CE: el colectivo de trabajadores funcionarios del Estado.

Si cupiera admitir una diferencia en el trato, nunca una discriminación, respecto al resto de los trabajadores, ésa sería la de un mejor trato salarial, nunca uno peor porque:
1.- Hay una oportunidad de competencia pública de acceso al trabajo para el Estado.
2.- Para lograr ese puesto de trabajo los ciudadanos competimos con los mejores
profesionales que también lo pretenden.
3.- Lograr que un tribunal nos considere mejores es una realidad, al menos en términos
estadísticos, lo que justificaría un trato diferente, nunca discriminatorio, respecto de los que no lograron ese trabajo.
La doble circunstancia de patrón y legislador del Estado lo convierte en juez y parte respecto a nuestras subidas salariales; eso deja en entredicho su legitimidad, aunque la tenga formalmente, para reducir la subida salarial por debajo del IPC, i. e, al deterioro sistemático y consciente nuestra calidad de vida.

Eso hizo el Presidente Aznar; aprovechó su mayoría absoluta y nos congeló el sueldo. Mientras, nos aburría con su “España va bien” para ocultar que no le salían las cuentas por incompetente. Parafraseándole, “en España la gestión va mal”. Eso ocurría.

Perro en vez de eliminar gastos superfluos, ostentosos o ilegales, eligió el camino fácil: meter la mano en el bolsillo de los mejores trabajadores funcionarios del Estado. La congelación salarial llevó al límite las subidas por debajo del IPC – al menos no se atrevió a bajarnos el sueldo - congelación que también habían hecho otros gobiernos de otro signo. A la hora de atropellar a los funcionarios todos los gobiernos son parecidos.

4.- La libertad, ese “don precioso”
A diario leemos noticias sobre jubilaciones anticipadas en el sector privado vedadas al funcionario público aunque ningún elemento diferencial justifique ese distinto trato. Se trata de una “una discriminación” inconstitucional del Estado por una “circunstancia personal o social”, art. 14 CE: ser funcionarios del Estado.

La disculpa – no conozco a ningún criminal que no tenga una - es que nosotros nos regimos por una ley y ellos por otra. Es una disculpa formal; hará “legal” al atropello, pero el atropello permanece.

En realidad es “otra discriminación”; la primera fue la apropiación indebida del salario, pues teníamos derecho a un incremento que, al menos, no redujera nuestro nivel de vida

El derecho a la libertad de jubilación se acomoda de acuerdo al espíritu social y solidario propio de un Estado progresista. A veces a las doctrinas progresistas se le oponen doctrinas teológicas. Ahora ambas coinciden en su fundamento espiritual:

1.- extraterrestre, de raíz cristiana: “la comunicación cristiana de bienes”,
2.- terrenal, de raíz materialista: “cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades”.
Sin conflictos ideológicos, precisemos el procedimiento más equitativo para que “se nos devuelva” en forma de renta vitalicia, el dinero que hemos aportado a lo largo de toda nuestra vida laboral.

No estamos pues ante algo que se ”nos da” por el Estado. Tampoco ante algo que “nos pagan los jóvenes trabajadores” dos conceptos que suelen tener confusos hasta las víctimas, lo cual, mal que nos pese, es mérito del agresor, que así desaparece de escena.

El Estado nunca da nada; su trabajo es sólo ”gestionar los impuestos que cobra”. La jubilación no procede de impuestos; es un fondo especial, a riesgo y ventura, creado a partir de nuestro sueldo mensual para recobrarlo cuando cumpliéramos ciertos requisitos de tiempo de aportación mínimo y edad mínima. El riesgo es que si nos morimos antes no vemos n un duro y ese dinero nutre la solidaridad con los demás trabajadores.

La situación actual es la de que si alguien se quiere jubilar antes de los 65 años tendrá una penalización económica razonable. Jubilarse un año antes significa un detrimento para el fondo común por partida doble:
1.- cobrará un año entero más, porque morirse se morirá en la misma fecha
2.- durante ese año, además, no ha hecho ninguna aportación al fondo común.
En consecuencia, esa pensión que recibe ese año sería a costa de los demás trabajadores
Sin embargo, es necio tomar las leyes al pie de la letra hasta atropellar su espíritu. Es el caso de un trabajador del CENIM que tras 50 años de vida laboral, había empezado a trabajar a los 14 años como botones, quiso jubilarse a los 64 . Le dijeron que entonces le harían una reducción del 8 % de la prestación. Alegó que él no había nutrido ese fondo durante 35 años, que son los mínimos exigibles, sino durante 15 años más, más del 40 % en exceso. Le dijeron “la ley es la ley”, que es lo que dice la gente que te atropella “legalmente”.
Como veremos ahora, es posible ampliar esa opción de libertad de jubilación respetando la solidaridad como lo que es y no como un abuso que es como se practica.

5.- Compensación de deudas
Demostrado el origen de la deuda del Estado con nosotros, fruto de su enriquecimiento injusto a base del hurto con abuso de confianza practicado en nuestras nóminas mensuales durante casi un cuarto de siglo, es hora de pensar cómo nos lo devuelve.
La cuantía acumulada permitiría que, en justa reparación, ¡todos los funcionarios! tuviéramos oportunidad, a una opción de jubilación anticipada sin que ello significara la reducción en nuestros ingresos mensuales. Eso ocurre con los funcionarios de las escalas de investigación; no así en las demás escalas donde, incluso, se produce un aumento de percepciones por jubilación respecto de las salariales (1).
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(1). Este aumento se debe a dos razones:
1.- en el cálculo de las pensiones se considera n 14 pagas y como nosotros recibimos 12 y dos medias pagas hay un efecto multiplicador 14/13 que incrementa esa percepción.
2.- al tomar como base el salario percibido multiplicado por el IPC, como a nosotros nos han subido el salario por debajo del IPC se produce otro aumento;
3.- en el caso de los funcionarios investigadores como con ese aumento rebasaríamos un tope arbitrariamente establecido en nuestro perjuicio, también se nos aplica ese perjuicio de modo que las ventajas sociales nunca nos alcanzan en una nueva actuación discriminatoria contra los trabajadores intelectuales que caracteriza a todos los gobiernos en España. Quizá, en este 1808 de infausta memoria la razón sea la de aquella declaración atribuida al Claustro de la Universidad de Cervera, servil con Fernando VII “el indeseable”: “Alejemos de nosotros la funesta manía de pensar” que se sumaría a

la tradición inquisitorial que consideraba sospechosos de herejes a los que tenían muchos libros ¡y los leían!
El colectivo de investigadores es, además, un colectivo de trabajadores que está sistemáticamente privado de casi todos los progresos sociales. El tope inconstitucional de percepción de pensiones de jubilación que sufrimos conduce a un premeditado deterioro de nuestra capacidad adquisitiva cuando decidimos jubilarnos que no tiene ningún otro trabajador.

Así, el aumento de la cuantificación de la prestación salarial a 14 pagas, nosotros tenemos 12 y dos medias pagas, es una mejora social de la que estamos incluidos ¡por estar “topados”!. Aquí no hemos topado con la iglesia, como dijo D. Quijote a Sancho: hemos topado con el Estado que debería ser mejor pues debe atenerse a razones al ser una institución racional y no seguir directrices extraterrestres. Ya veremos.

Reconociendo la dificultad material de la devolución de la apropiación indebida de los salarios que nos han practicado, lo primero es dejar de hacer actualizando nuestros sueldos; lo segundo, que trataremos ahora es arbitrar una fórmula de devolución a sus legítimos propietarios del enriquecimiento injusto del Estado .

Aquí coincidimos con la propuesta de la Comisión Académica: ampliar la libertad de jubilación de modo que a quienes quieran jubilarse, p. ej., entre los 60 y los 70 año, siempre que hayan pagado durante los 35 años establecidos en la ley, se les mantengan sus ingresos salariales. Esta diferencia, la de su salario actual respecto al de jubilación, se pagaría con cargo al patrimonio acumulado, mas los interese generados, con la apropiación indebida practicada en estos últimos 20 años por el Estado.
Esta propuesta coincide con algunas de las políticas del gobierno actual.

4.1.- Rejuvenecimiento de la plantilla.

El Plan de Rejuvenecimiento de las plantillas pretende varios objetivos deseables:
1.- reducir el paro juvenil
2.- aumentar la productividad al incorporarse trabajadores formados en las nuevas
tecnologías
Un rejuvenecimiento inteligente de las plantillas consiste en incrementar directamente, el número de personas jóvenes en dicha plantilla manteniendo en activo a los trabajadores mayores. Eso sería socialmente beneficioso porque si hubiera más jueces no habría demoras judiciales de 4 años y más; si hubiera más médicos no habría demoras en ser diagnosticado de 4 meses y más; también ser intervenido, a lo que se suman todavía más demoras; si hubiera más funcionarios en los Ayuntamientos se despacharían antes las licencias de obras y no habría ese penos espectáculo de corrupción al que ya nos hemos acostumbrado etc., etc.
En el caso de los investigadores es menos directa la relación causa efecto; pero es indiscutible que si hubiera más investigadores se investigaría más y se recuperarían más fondos de los que aportamos a la UE y que no recuperamos por falta de investigadores.
Pero si se hacen ambas actuaciones, el rejuvenecimiento será mucho mayor y múltiples, también los beneficios sociales que añadir a los dos señalados:
3.- se crearía un colectivo demandante de la “industria del ocio” que permitiría reducir
las oscilaciones verano/invierno,
4.- eso contribuiría a la mayor rentabilidad de esta industria del ocio
5.- además sería menor la reducción de puestos de trabajo estacionales
6.- y no hay que olvidarse que si nuestros hijos consiguen un trabajo estable a lo mejor
se van de casa antes de los 40 años.

El Gobierno va en esta línea de actuación y de consecución de objetivos: la vía del rejuvenecimiento de la plantilla a base de la jubilación anticipada de los trabajadores de más edad, para lo cual ofrece toda clase de incentivos a las empresas privadas.

Ante esta actuación es incongruente que esa práctica que estimula en las empresas privadas no la ejerza en la Administración, si bien respetando en ambos casos, empresas privadas y administración, la libertad del trabajador, según establece el art. 35.1 CE.

Aun más incongruente que eso vaya a ocurrir en las Universidades, la naturaleza del trabajo de cuyos trabajadores es tan similar al nuestro, y se nos excluya a nosotros. Y además algunas ya hace tiempo que lo vienen practicando.

Si es verdad lo que se nos ha venido repitiendo estos años, que ser una Agencia nos permitiría tener las ventajas del sector privado, hora es de demostrarlo. La unicidad del Presidente del CSIC que lo decía, Prof. Martínez, y del actual Secretario de Estado, Prof. Martínez, tendría que facilitar esta realidad. Porque la realidad es que solo hace falta “voluntad política” para conseguirlo. Quiero decir “buena voluntad política”, que los recursos económicos existen.´

La cuestión es saber si habrá buena voluntad política en el nuevo ministerio, sin necesidad de que, como en Justicia, se provoque el despilfarro social de una huelga:
1.- actualizando los salarios para recuperar el nivel de vida perdido de 100 a 61,5
2.- haciendo posible en el CSIC lo que se ha demostrado posible en la Universidad
3.- o se seguirá discriminando a la Agencia del CSIC respecto de la Universidad.

Cuando se incentiva para compensar la bajada de la economía derivada de los USA, una de las secuelas del despilfarro de la guerra de Irak, éstas medidas de reparación son congruentes y mucho más justificadas. Se trata de la devolución del dinero apropiado indebidamente para enriquecimiento injusto del Estado y despilfarro en actividades no éticas.

4.2.- El derecho a trabajar

Este derecho lo reconoce la constitución, art. 35.1. Esta situación no debe confundirse, como suele ocurrir, con el derecho a exigir que el Estado nos de un trabajo. Éste es un concepto diferente que el de prohibir ejercer el trabajo al que lo tiene. El Estado, sólo está obligado constitucionalmente a realizar “de manera especial una política orientada al pleno empleo”, art. 40.1 CE, in fine. Se trata de una obligación de actitud, no de resultado.

Conseguido el trabajo, ningún patrono, el Estado tampoco, puede privar a un ciudadano de ese derecho obligándole a jubilarse contra su voluntad. Los derechos sólo los ejerce su titular. Y el derecho a jubilarse es del trabajador, no del empresario. Se trata, además, de un derecho de los llamados personalísimos.

El empresario tiene derecho a exigir al trabajador un cierto rendimiento. Si no lo tiene, y lo puede demostrar, puede cancelar el contrato mediante un despido procedente. Si lo despide sin más, o por razones de discriminación por edad, art. 14 CE, el despido será improcedente: el trabajador será acreedor a la indemnización que establece el Estatuto de los Trabajadores; y el empresario sufrirá, además, las consecuencias del atropello a los derechos constitucionales.

El capitalista invierte su patrimonio en comprar tierras o medios de producción. Si se le expropia tiene derecho a una indemnización, art. 33 CE. El investigador invierte su patrimonio en ser él mismo, mediante una inversión en trabajo de formación y corriendo el riesgo de no conseguir un trabajo, su propio medio de producción. Desde entonces él mismo es su propio medio de producción. Si se le expropia de su trabajo, por una jubilación no deseada, y mientras su rendimiento sea socialmente satisfactorio, tiene derecho a una indemnización, art. 33 CE. Pero nadie confunda esa indemnización con la prestaación de jubilación, ésta procede del dinero aportado por él a ese fondo vitalicio.

Para un trabajador del Estado su puesto de trabajo es su patrimonio. “Jubilar a la brava” no sólo es un atropello de su derecho constitucional al trabajo, sino una expropiación patrimonial si se hace contra su voluntad. Hay gente que, por no leerse la constitución, se cree que todavía está en vigor aquel principio que existía en la época de Franco y que, jocosamente, se expresaba diciendo que “lo que no está prohibido es obligatorio”.
¡No, ni mucho menos!. Ahora la libertad es un valor jurídico superior de nuestro ordenamiento constitucional, art. 1.1 CE.

Así como es inteligente respetar, y aun ampliar como pedimos, el derecho de jubilación con la compensación salarial señalada, es una necedad injustificable impedir que un trabajador que tiene un rendimiento satisfactorio quiera seguir trabajando. Al hacerlo:
1.- crea la riqueza de su trabajo – lo que es un primer incremento de la riqueza social
2.- renuncia a cobrar de la Seguridad Social – lo que es un segundo incremento de la
riqueza social
3.- y, por si fuera poco, sigue aumentando ese fondo de la Seguridad Social – lo que es un tercer incremento de la riqueza social

Ayer leíamos el obituario de Lorentz. Con 92 años se ha muerto sin haber visto publicado el último trabajo que había remitido a una revista. Muchos otros colegas suyos, sin embargo de tener una equivalente calidad profesional, dejaron de trabajar a una edad más temprana. La suya, la de todos ellos, fue una decisión libre y personal, la de seguir trabajando o no. Fomentar el libre ejercicio de la libertad nos convierte en mejores ciudadanos y, por ende, al país en un país mejor.

No todo el mundo hará uso de ese derecho. Las circunstancias personales harán que seguir o dejarlo sea más o menos atractiva para cada uno. Así, resultará que muchos seguirán trabajando, cobrando sólo el mismo sueldo que cobrarían si se hubieran jubilado y no trabajaran e incrementando más el fondo de jubilación. Esta mayor financiación favorece la viabilidad de esta petición en sus aspectos económicos.
Se trata de respetar la libertad; es hora de que se promocione el ejercicio de la libertad.

5.- Viabilidad del coste de la operación
Hemos justificado constitucionalmente el ejercicio de la jubilación, anticipada o retrasada, que se resumen en una sola propuesta: fomentemos el ejercicio de la libertad. También hemos justificado la viabilidad jurídica y económica de esta operación que, en su aspecto económico resumimos ahora diciendo que hay suficientes recursos:
1.- el capital acumulado por el Estado como consecuencia del enriquecimiento injusto
producido a costa de que nuestros sueldos subieron menos que el IPC
2.- la diferencia entre el coste de un trabajador recién ingresado respecto de uno que lleva muchos años trabajando. El primero costaría el sueldo base y el último sólo la diferencia entre su pensión de jubilación – devolución del dinero anticipado – y su sueldo actual, con lo que el Estado tendría un beneficio neto.
3.- no son pocos los trabajadores que siguen trabajando después de los 65 años, por
cuya razón no sólo no cobran su pensión de jubilación, lo que incrementa su patrimonio, sino que siguen incrementando ese patrimonio con lo que se le deduce de su salario pese a haber pagado todo lo que la solidaridad social le exigía durante más tiempo del mínimo necesario.

6.- Nuestros derechos: pedirlos o exigirlos
Eso es lo que, fundamentalmente, distingue a un súbdito de un ciudadano.
1.- Los súbditos piden que se les reconozcan sus derechos
2.- Los ciudadanos exigimos que se respeten nuestros derechos.

Es nuestra oportunidad de declarar qué nos sentimos.

ANEXO I.- Evolución de la pérdida de nivel de vida 1982 - 2007

AÑO I.P.C. INCREMENTO DIFERENCIA Evolución respecto
SALARIAL PÉRDIDA Al nivel 100 IPC
1982 14,00% 8,00% -6,00% 94,0
1983 12,20% 9,00% -3,20% 91,0
1984 11,90% 6,50% -5,40% 86,1
1985 8,20% 6,50% -1,70% 84,6
1986 8,30% 7,20% -1,10% 83,7
1987 4,60% 5,00% 0,40% 83,3
1988 5,80% 4,00% -1,80% 81,8
1989 6,90% 4,00% -2,90% 79,5
1990 6,50% 6,00% -0,50% 79,1
1991 5,50% 7,22% 1,72% 77,7
1992 5,30% 6,10% 0,80% 77,1
1993 4,90% 1,80% -3,10% 74,7
1994 4,30% 0,00% -4,30% 71,5
1995 4,30% 3,50% -0,80% 70,9
1996 3,50% 3,50% 0,00% 70,9
1997 2,10% 0,00% -2,10% 69,4
1998 2,10% 2,10% 0,00% 69,4
1999 2,40% 1,80% -0,60% 69,0
2000 4,00% 2,00% -2,00% 67,6
2001 3,10% 2,00% -1,10% 66,9
2002 4,00% 2,00% -2,00% 65,6
2003 2,60% 2,00% -0,60% 65,2
2004 3,20% 2,00% -1,20% 64,4
2005 3,70% 2,00% -1,70% 63,3
2006 2,70% 2,00% -0,70% 62,8
2007 4,20% 2,00% -2,20% 61,5

ANEXO II. Qué dice la Constitución

Art. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Art. 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Art. 29.1 Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual o colectiva, por
escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

Art. 33.1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con
las leyes
3.- Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuestos por las leyes

Art. 35.1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo a la
libre elección de protección u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

Art. 37.1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los
representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios

Art. 40.1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso
social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo

Art. 45.1. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social
para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.


Art. 44. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y
técnica en beneficio del interés general