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El Derecho a la jubilación: un derecho del ciudadano no del “patrón”

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Alfonso J. Vázquez
Profesor de Investigación del CSIC

Introito

No hace falta tener mucha idea de reivindicaciones laborales para saber que el derecho a la jubilación fue una conquista social de los trabajadores. Hace tiempo, me temo que también ahora, la patronal consideraba al trabajo una mercancía que se compra y vende en el mercado.

Felizmente, nuestra constitución es discretamente progresista, aunque con verdaderas lagunas prehistóricas. Entre otros puntos de progreso ha reconocido una vieja realidad: el ser humano tiene una dignidad tan inviolable como frecuentemente violada

Art. 10.1.- La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social

Pese a ello, con la penosa colaboración de algunos sindicatos, “vendidos al oro de Moscú” como se decía en la época de Franco, el trabajador se tiene que defender solo. Mientras esos sindicatos, usurpando, bien que legalmente, la representación que no tienen firman pactos inicuos con el Gobierno, cuando no los promueven, en perjuicio de los trabajadores. El menor daño que nos hacen es mantener un silencio indiferente ante el atropello de nuestros derechos como ciudadanos trabajadores.

Uno de ellos es el derecho a jubilarse cuando a uno le venga en gana, una vez cumplidos los requisitos que nos permiten decidir jubilarnos. Es decir, el derecho a que no nos “jubile el patrón”: en nuestro caso el Estado; porque no tiene ese derecho.

Un derecho personalísimo

La Constitución establece:

Art. 35.1.- Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún momento pueda producirse discriminación por razón de sexo.

Quién sea competente nos puede eximir de la obligación de trabajar. Pero el derecho al trabajo es personalísimo; nadie puede ser sustituido por otro ciudadano en su trabajo. Hacerlo depende exclusivamente de la libre voluntad personal del ciudadano trabajador. A quien tiene trabajo nadie le puede privar de él mientras cumpla con los rendimientos exigidos en su contrato: es su derecho constitucional. Ninguna ley puede impedirlo, so pena de ser inconstitucional

Es una cara de la moneda, que establece de que no podamos exigir a nadie que nos de trabajo. El Gobierno, contrariamente a lo que muchos creen, ni nos da el trabajo, ni está obligado a dárnoslo. La Constitución sólo exige:

Art. 40.1.- Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para elprogreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

Es decir, que ni siquiera – y hasta cierto punto es lógico – están obligados a conseguir el pleno empleo. Su obligación es – simplemente – realizar una política orientada al pleno empleo. Es, por lo tanto, un compromiso de intentar, no de conseguir.

Y decimos que es lógico, porque aunque es verdad que la Constitución dice:

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídica la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político,

Ése estado social y de derecho está dentro de un marco constitucional que establece:

Art. 38.- Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
Eso quiere decir que “a quien Dios se la de, S. Pedro se la bendiga”. Por eso mismo, si Dios, que es el mercado para los liberales, nos ha dado un trabajo, no nos lo puede quitar ni S. Pedro, el Gobierno; sólo podrá “bendecirlo”.
La otra cara de la moneda es pues, que tenemos derecho a que si cumplimos los requisitos para tener trabajo: dar un cierto rendimiento, nadie pueda privarnos de él.

El atropello económico

Los profesionales que con 70 años quieren seguir trabajando por razones profesionales. Sienten que su capacidad es satisfactoria; que el trabajo es socialmente útil; sienten el legítimo derecho a seguir colaborando en la mejora de la sociedad y, sobre todo, tienen derecho constitucional a hacerlo sin que nadie suplante ni atropelle su voluntad.

¿Por qué, en estas condiciones, el Gobierno no quiere que sigan trabajando, creando riqueza, unas personas cuya capacidad de creación es de las más altas del país?. La respuesta es clara: para estafarles.

Al atropello moral de la jubilación se añade el atropello del menoscabo de sus ingresos. El sistema salarial de los titulados superiores de la Administración descansa en complementos de productividad. La Seguridad Social se ha inventado el truco de que no sólo se paga por la jubilación sueldo y trienios sino que, además, hay un tope en la percepción de la jubilación que no se puede pasar.

Es decir, al margen de cuales hayan sido sus ingresos y aportaciones a la Seguridad Social, V. no recibirá más que lo que el Gobierno de turno haya querido que reciba. Y eso de guinda en la tarta de una subida salarial anual por debajo del IPC que hace que en estos momentos el nivel de vida, respecto al IPC, sea el 50 % del que tenía en 1988.

A lo largo de toda una vida laboral han ingresado en la Seguridad Social, para que se lo devuelvan como una pensión vitalicia, la proporción debida de su sueldo. Sin embargo, lo que V. recibirá será menor que esa proporción; dicen que por solidaridad.

Al cumplir los 65 años tienen derecho a jubilarse, pero les siguen reteniendo dinero para ingresar en las arcas de la seguridad social ¡donde ya había ingresado el necesario – con solidaridad incluida – para crear el capital suficiente para devolverle lo anticipado. Supongo que se lo quedan por solidaridad, es decir, solidaridad al cuadrado.

Además de haber ingresado más de lo que tocaba – con 65 años era lo suficiente- en estos cinco años hasta los 70 no hemos estado recibiendo nada de la Seguridad Social – la pensión a la que teníamos derecho. Eso equivale a un ingreso neto de nuestra pensión de jubilación durante 60 meses. Ese dinero que lo quitan también por solidaridad. O sea que no es al cuadrado, sino al cubo como se entiende la solidaridad, ¡en contra nuestra!.

Ahí no acaba todo. La nueva ley permite un aumento en la prestación de jubilación a quienes en lugar de jubilarse a los 65 años sigan trabajando. Este incremento de la pensión de jubilación llega a todos los trabajadores que están por debajo del tope. Pero a nosotros, como estamos por encima de ese tope artificial, no se nos aplica ese beneficio. Se mire como se mire, queda hecho unos zorros el artículo 14 de la CE. También por solidaridad, y ya vamos con ella a la cuarta potencia, pero siempre en contra nuestra

Es increíble que, en esas condiciones, además de este expolio a la cuarta potencia se nos quiera impedir trabajar, produciéndonos hasta el expolio de la satisfacción intelectual de nuestro trabajo. Hasta de eso nos quieren privar como remate del expolio económico.

Desprecio al trabajo intelectual

Ésa es la realidad que subyace tras esta “legalidad vigente”.
1.- ¿Para que sirve, realmente, un juez?; para nada; los malos siempre ganan.
2.- ¿Para qué sirve realmente un médico?, para nada; al final todos mueren.
3.- ¿Para qué sirve, realmente, un diplomático?, para nada, siempre hay guerras.
4.- ¿Para que sirve un investigador?, para nada, piensa, pero no trabaja.

Todos, además, estamos en situación de levantamiento de veda contra el funcionario.

Obtener un título superior exige un trabajo intelectual, cinco o seis o siete años estudiando, y una inversión económica, esos mismos años no sólo sin ingresar nada sino, además, gastando bastante.

Tras ellos, con suerte, logras una beca para empezar a trabajar pero negándote que estás haciendo un trabajo. Con tu título superior, no importa que tengas todas matrículas, te conviertes en un aprendiz; el eufemismo que se utiliza para negar que ese trabajo es un trabajo y que no eres un trabajador es el de “titulado superior en prácticas”. De este modo se mantienen a los mejores en condición de no trabajadores, algo que no se hace ni con los inmigrantes más ilegales que haya en el país.

La exigencia de la obtención del título de doctor – que no es un título profesional sino una dignidad académica – dilata cuatro años más la posibilidad de tener un trabajo estable. Un par de años de experiencia en el extranjero, donde sí consideran que eres un trabajador, te permite, si vuelves a ser de los mejores, obtener un contrato post-doctoral de 5 años tras lo cual, si eres afortunado y se convocan plazas suficientes, puedes encontrar tu primer contrato indefinido a la edad de ¡40 años!.

Luego, tendrás que soportar que todo el mundo te escarnezca por ser un funcionario, porque ya se sabe, los funcionarios son una especie de comedores de “sopa boba” que no dan ni golpe y entran por “enchufe”.

Y para terminar, eso le espera a las nuevas generaciones de investigadores, cuando cumplan los 65 años no tendrán los suficientes de cotización y no podrán jubilarse con el 100 % de su prestación, pese a estar “topada” en nombre de la solidaridad.
O sea, que quien se dedique a la investigación sabe que tiene un presente de iniciación en la explotación, no tener un trabajo estable antes de los 40 años y un futuro que será rematado con otra, no tener derecho al 100 % de la jubilación cuando cumpla 65 años. Y todo eso por estar “trabajando realmente” desde los 25 años porque legalmente sólo lo fue desde los 40 años

I+d+i

Ahora que dicen, llevan un cuarto de siglo diciéndolo en vez de haciéndolo, que van a invertir en I+D+i, resulta que está empezando a notarse que el número de ciudadanos que quiere ser investigador está decreciendo. Por primera vez empiezan a notarse ya que la gente no quiere hacer el doctorado a la vista de la perspectiva que tienen por delante. Y todo el mundo se preocupa en promocionar vocaciones científicas; incluso nosotros mismos.

Dicen, consuelo de tontos, que eso ocurre en toda Europa. Es posible; pero ellos están por encima de la media de la UE y se pueden permitir ese lujo; nosotros, que seguimos en la mitad de la media y nunca llegaremos ni a la media, no podemos permitírnoslo.

Pues bien, ni siquiera en esas condiciones se quiere favorecer para que los investigadores mayores de 70 años, con seis y siete sexenios acreditados de buen hacer a nivel internacional, puedan seguir trabajando. Y algunas personas relevantes echan la culpa a los investigadores mayores de ser un tapón para el ingreso de los investigadores jóvenes. No hay tapón que valga; lo que hay es falta de recursos que impulsen la I+D+i y ganas de allegarlos.

Derechos: pedirlos o exigirlos

Eso es lo que, fundamentalmente, distingue a un súbdito de un ciudadano.

1.- Los súbditos piden que se les reconozcan sus derechos
2.- Los ciudadanos exigimos que se respeten nuestros derechos.
Es nuestra oportunidad de declarar qué nos sentimos.